Usamos cookies propias y de terceros que entre otras cosas recogen datos sobre sus hábitos de navegación para mostrarle publicidad personalizada y realizar análisis de uso de nuestro sitio.
Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. OK Más información | Y más

ASP/92 Asociacíon de Seguridad Privada de España


Ir al Contenido

Nueva Ley Seguridad Privada y ASP/92

Unos 800 vigilantes privados, pendientes en Navarra de la nueva Ley de Seguridad. 16/12/2013 noticiasdenavarra.com

LAS DETENCIONES EN CALLES COMERCIALES, EL PUNTO MÁS CONTROVERTIDO DEL PROYECTO.
Los trabajadores ven la nueva norma como un paraguas legal a lo que ya hacen y niegan un cambio sustancial.



JESÚS MORALES.
PAMPLONA. El colectivo de vigilantes de seguridad, integrado actualmente por unos 800 trabajadores en Navarra, asiste expectante a los avatares de la tramitación de la nueva ley que regulará la actividad, un proyecto que ha hecho correr ríos de tinta sobre las nuevas competencias que contempla para estos profesionales, como la de llevar a cabo detenciones en la vía pública siempre que concurran unas determinadas circunstancias.
Aunque el PP parece abrir la puerta a la privatización de la seguridad pública, los trabajadores consideran que el nuevo texto legislativo, que aún debe concretarse en el correspondiente reglamento, no variará excesivamente la realidad actual, sino que servirá de paraguas legal a las actuaciones que ya acometen en estos momentos.


El Congreso daba luz verde la semana pasada al polémico proyecto de Ley de Seguridad Privada, que cuenta con el favor de PNV y CiU, y el rechazo del PSOE e Izquierda Plural, y que será remitido al Senado con algunas novedades con respecto al texto inicial, tras la incorporación de más de setenta enmiendas. Aunque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguraba que “es falso” que su departamento vaya a sustituir a policías o guardias civiles por agentes de seguridad privada en las calles, las suspicacias y las críticas a las verdaderas intenciones del Partido Popular han proliferado durante los últimos días.

Desde la Comunidad Foral, la impresión del colectivo de vigilantes es que la nueva ley no cambia “sustancialmente” sus atribuciones en relación con las leyes vigentes. El presidente de la
asociación de seguridad privada de Navarra ASP/92, Jesús Martínez, sí admite que el nuevo texto “abre la puerta a que realicemos otro tipo de servicios, como vigilancias en la vía pública en zonas comerciales peatonales, pero que no difieren tanto a lo que ya hacemos”. “Cuando a Pamplona viene Televisión Española o Telecinco en Sanfermines, el coche lo tienen en la calle y el vigilante está en la calle. En las universidades los vigilantes también actuamos y en los polígonos. Sí es cierto que en una calle de una ciudad no estamos, pero tampoco lo veo tan problemático”, añade Juan Dopazo, vicepresidente de ASP/92. El sector de la seguridad privada está copado en la Comunidad Foral por 24 empresas, entre grandes multinacionales, como Eulen, Securitas o Prosegur, y otras de menor tamaño, que emplean actualmente a unos 870 profesionales entre vigilantes de seguridad, de explosivos, de transporte de fondos y escoltas.
En torno al 90% de ellos están encuadrados en el primer grupo, y son los que estarían afectados directamente por la aplicación de la nueva ley. La dimensión del sector de la seguridad privada en Navarra, no obstante, ha menguado notablemente por efectos del cese de la actividad terrorista de ETA, ya que “hace dos años había más de 1.800 profesionales, unos 900 de ellos escoltas, que en estos momentos han quedado reducidos a un porcentaje mínimo”.


COLABORACIÓN CON LAS FSE. Para describir “una actuación tipo”, los vigilantes explican que “lo habitual es ver a alguien robando, por ejemplo, en un centro comercial y retenerlo en el recinto, aunque si es necesario también se puede perseguir al sospechoso incluso en la calle. Hay que tener en cuenta que ante la comisión de un delito flagrante no solo un vigilante puede intervenir en la vía pública, sino que puede hacerlo cualquier ciudadano. Una vez detenido, lo que hacemos es avisar inmediatamente a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que es lo mismo que está planteando la nueva ley”, explican los representantes de la asociación ASP/92. En ese sentido, subrayan que el proyecto que está sobre la mesa “regula actuaciones que los vigilantes de seguridad ya estamos desarrollando”, y destacan que “se ha puesto el grito en el cielo por la posibilidad de que controles los perímetros de los centros penitenciarios, cuando en la mayoría de las infraestructuras críticas, como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, juzgados e incluso centrales nucleares, hay vigilantes de seguridad. De esto no se ha quejado nadie”, enumera Dopazo. “Se están sacando las cosas de quicio y la nueva Ley de seguridad privada no va a cambiar tanto las cosas en comparación con lo que ya pasa actualmente”, recalca Martínez. Para responder a los reproches que está recibiendo la reforma, el Ministerio del Interior se apresuraba en aclarar que según el texto que ahora debe pasar el trámite del Senado, los vigilantes privados solo podrán detener en la vía pública a quien cometa un delito en su ámbito de protección, es decir, el lugar que custodia, y deberán ponerlo a disposición de las Fuerzas de Seguridad competentes o las policías autonómicas. Además, nunca podrán proceder a su interrogatorio, ni practicar cacheos ni detenciones arbitrarias y sus actuaciones en la vía pública se ceñirán a las calles peatonales comerciales. Pero no solo las formaciones políticas han censurado la nueva ley, sino que los principales sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han cargado contra ella. Solo la Confederación Española de Policía (CEP) ve “acertada” la modificación legislativa que impulsa el Partido Popular, mientras que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera “una barbaridad” la extensión de funciones de los vigilantes, una posición que comparte la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

“Si de verdad quieren que hagamos el trabajo de los policías, van a encontrarse con un problema”
La principal crítica que se ha vertido estos días a los planes del Partido Popular radica en el abaratamiento de la seguridad pública, con el posible aprovechamiento de profesionales de escasa cualificación, algo en lo que discrepan los representantes de la asociación navarra ASP/92. “Nuestra formación es constante, porque debemos realizar cursos anualmente para especializarnos. Muchos tenemos cursos de primeros auxilios, de custodia de explosivos, etc. No basta con sacarse la titulación para trabajar”, exponen Jesús Martínez y Juan Dopazo, presidente y vicepresidente de la mencionada asociación, que advierten, no obstante, de que “si de verdad quieren que hagamos el trabajo de los policías, van a encontrarse con un problema, porque no tenemos ni la protección jurídica de los policías, ni sus retribuciones, ya que el salario bruto de un vigilante de seguridad se sitúa actualmente en los 1.086 euros”.
Al respecto, inciden en el “poco amparo legal que tenemos, porque aunque la mayoría no queremos tener la condición de agente de la autoridad, sí la presunción de veracidad, es decir, que nuestro testimonio sobre la comisión un delito esté avalado por la ley de la misma forma que se respalda a los policías”. La reforma, sin embargo, sí prevé que ostenten ese carácter en el caso de actuar a las órdenes de un mando policial y sufrir alguna agresión. “Por ejemplo, si un vigilante está trabajando en el estadio de El Sadar y es agredido, en ese caso la ley sí prevé que tengamos esa condición similar a la de un policía. En cambio, si nos agreden en un centro comercial, por ejemplo, es igual que si agreden a un ciudadano”, expone Dopazo, quien agrega que “es de lógica que si quieren darnos nuevas atribuciones también nos den la protección legal adecuada”. En lo que respecta a la formación, para obtener la titulación que habilita para ser vigilante de seguridad es necesario, en primer lugar, completar un curso básico de 180 horas que imparten academias homologadas, y posteriormente hay que superar los exámenes físicos y teóricos que convoca elMinisterio del Interior, que es el encargado de conceder las Tarjetas de Identificación Profesional o TIP, las chapas que todo vigilante de seguridad debe portar de forma visible durante el ejercicio de su trabajo.
La dotación reglamentaria está compuesta una defensa personal (porra) y unos grilletes, y solo disponen de arma aquellos vigilantes que logran la licencia correspondiente y desempeñan servicios en los que es necesaria. “La formación que tenemos es suficiente para las funciones que realizamos, principalmente control de accesos, patrullaje o vigilancia de instalaciones”, defiende Martínez, que se queja del trato que han recibido estos días por parte de algunos políticos o sectores sociales. “Se ha aprobado la ley y no están criticando la ley, sino que están criticando a los vigilantes. Nos han llamado analfabetos, matones de discoteca... No entendemos que se hable de nosotros de forma tan despectiva, porque somos profesionales que intentamos hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible, como cualquier otro colectivo profesional”. >J.M.S.


Formación y otros detalles de la profesión.
-Curso de 180 horas. El curso básico que habilita para presentarse a las pruebas de vigilante de seguridad consta de 180 horas lectivas. Se imparten en academias o centros homologados. Obtenido el título de vigilante, hay que aprobar los exámenes físicos y teóricos que convoca el Ministerio del Interior.

-Chapa de identificación. Solo cuando se supera las pruebas del Ministerio de Interior el aspirante obtiene la Tarjeta de Identificación Profesional o TIP, que es la chapa que todo vigilante de seguridad debe portar de forma visible durante el ejercicio de su trabajo y en la que figura su número de identificación profesional.

-Porra y grilletes. Además del correspondiente uniforme, la dotación reglamentaria de los vigilantes de seguridad está formada por una defensa personal (porra) y unos grilletes o esposas. Solo están autorizados a portar arma aquellos vigilantes que logran la licencia habilitante y desempeñan servicios en los que es necesaria.

-Vigilancia y accesos. Las funciones más habituales que desempeñan son la vigilancia de recintos privados o públicos, eventos deportivos o musicales, el control de accesos y protección de edificios o instalaciones, etc. Para cada una de estas labores es preceptivo que los vigilantes también realicen cursos específicos en cada ámbito.

-Supervisados por la Policía. Los profesionales de la seguridad privada están controlados por el Cuerpo Nacional de Policía, competente para supervisar los títulos habilitantes y que los vigilantes cumplen los requisitos para desarrollar su trabajo. En materia de armas, la Guardia Civil es la competente, también para realizar las pruebas de tiro.
Noticia publicada en la edición impresa del Diario de Noticias el 16/12/2013.


Regresar al contenido | Regresar al menú principal